El Senado sancionó a fines de julio el proyecto de Educación en cárceles en el que se establece que “todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública” y que es el Estado el garante de que así sea.
El proyecto presentado por la Dip. Adriana Puiggrós (FpV), fue aprobado por la Honorable Cámara de Senadores por unanimidad.
Éste establece entre los objetivos más importantes que “los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades de conformidad con las leyes de Educación Nacional, de Educación Técnico Profesional, de Educación Sexual Integral, , de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Educación Superior..
El proyecto que lleva las firmas de los diputados Adriana Puiggrós (FpV) y Ricardo Gil Lavedra (UCR), entre otros legisladores de diferentes bloques, es el resultado de los aportes que realizaron los alumnos del Centro de Estudiantes Universitario de la Unidad 2 de la cárcel de Villa Devoto y de la ex fiscal, y actual secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño.
Entre los fundamentos del proyecto de ley se explica que en la Argentina de un total de 50.980 internos, sólo 2594 han finalizado sus estudios secundarios, según datos proporcionados por un informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena de 2007. El mismo estudio detalla que 36.801 no participa, además, de ningún programa de capacitación laboral.
Para la presidenta de la comisión de Educación de diputados, Adriana Puiggrós, “si bien la ley 24.660 reconoce el derecho a la educación lo hace de manera parcial” y agregó que “hay un sujeto profundamente interesado en el acceso pleno al derecho de educarse, y esos sujetos son los mismos internos”….. “Hay que tener presente que todas las personas privadas de la libertad tienen el mismo derecho de acceder a la educación y en este sentido quien está en está en falta es el Estado”.
Acciones de implementación
El proyecto de ley establece entre otras cuestiones que será el ministerio de Educación el que acordará y coordinará todas las acciones, “estrategias y mecanismos necesarios para la adecuada satisfacción de las obligaciones de este capítulo con las autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Institutos de educación superior de gestión estatal y con Universidades Nacionales”.
Por su parte el ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autoridad penitenciaria, y los organismos responsables de las instituciones en que se encuentran niños y adolescentes privados de su libertad, tendrán la responsabilidad de “atender las indicaciones de la autoridad educativa y adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido...”
S.E: Es una LEY que, sin lugar a dudas, tiene como objetivo el respeto a la dignidad humana y que va a aportar de manera importante a la reinserción social de las personas privadas de su libertad.
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